El Gobierno indemnizará a una víctima violencia sexual por el funcionamiento anormal de la justicia en el proceso contra su agresor
Santiago Romero Granados, antiguo decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, fue condenado en diciembre de 2016 a siete años y nueve meses de prisión por haber agredido sexualmente a tres profesoras de su departamento entre 1997 y 2009. Sin embargo, nunca entró en la cárcel. La Audiencia de Sevilla aceptó el recurso de apelación de Romero y rebajó las penas a dos años y ocho meses, aplicando la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Laura, una de las tres víctimas, recurrió en amparo al Constitucional, que en abril de este año le dio la razón por entender “irrazonable” que el tribunal sevillano hubiera reducido la condena porque las mujeres hubieran tardado dos años en denunciar los hechos. Ahora, es el Ministerio de Justicia quien, en una resolución inédita hasta la fecha, ha reconocido que el procedimiento penal fue anormal y ha acordado indemnizar con 60.000 euros a la docente que recurrió.
