El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón hizo varios encargos a los Mossos d’Esquadra en el auto en el que dirigía la investigación de Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Entre ellos figuraba un informe sobre la muerte de un ciudadano francés durante el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat y realizar un ofrecimiento de acciones a sus familiares. Al responder la policía de la Generalitat que no existe un atestado al respecto, el magistrado se ha dirigido a los juzgados de El Prat del Llobregat por si tuvieran uno, lo que parece difícil sin que exista previamente uno policial.
En una providencia, el magistrado afirma que «recibidos los atestados instruidos por los Mossos d’Esquadra con motivo de los incidentes ocurridos en el aeropuerto del Prat de Llobregat» el 14 de octubre de 2019, cuando se conoció la sentencia del ‘procés’, no hay ninguno relativo «al ciudadano francés fallecido en las instalaciones».
De ahí que haya mandado un exhorto dirigido al Juzgado de Instrución número 1 del Prat, que se encontraba en funciones de guardia entonces, «para que, con la mayor brevedad posible, informen a este Juzgado si en relación con dicho fallecimiento se abrieron diligencias previas». En ese caso pide que le «remitan testimonio íntegro de las mismas e informen sobre el estado en que se encuentra su tramitación«.
Se da la circunstancia de que la amnistía prevé el archivo de los procedimientos seguidos por terrorismo que no cuenten con sentencia firme, con independencia de si con su actuación se produjeron heridos o muertos. Eso hace que tanto Tsunami Democràtic como la célula de los CDR a la que se intervinieron sustancias susceptibles de convertirse en explosivos vayan a estar dentro del perdón cuando la ley entre en vigor.
Sin referencia alguna
Los mossos habían respondido al encargo del juez con un escrito de tres páginas en el que le informan de los distintos atestados policiales abiertos esos días. En ellos el cuerpo policial informa de que no ha encontrado ninguna referencia al fallecimiento del ciudadano francés que murió víctima de un infarto, «mientras se producían desórdenes públicos y una ocupación del aeropuerto».
En cuanto a las armas u objetos contundentes que se usaron ese día por los que también preguntaba el juez en la resolución en la que imputaba a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, en los atestados policiales se mencionaban «piedras, adoquines, carros del aeropuerto, botellas, palos, cristales, extintores (que lanzan o vacían contra los funcionarios) u otros elementos que por la zona encontraban«.
En total sobre el bloqueo del aeropuerto se abrieron nueve atestados. Tres de ellos versaban sobre los hechos en general, uno con una primera comunicación de lo ocurrido, otro con testificales, denuncias de los afectados (Adif, Aena, Adelte Transporte y Servicios EFS -la empresa encargada de los carros del aeropuerto-) y distintos vídeos, y un tercero con los informes médicos de los agentes heridos. Pero en ellos no hay referencia alguna sobre el francés fallecido.
Los otros informes sobre los dos arrestados que se produjeron durante los altercados se refieren al arresto y distintos volcados de sus teléfonos que se realizaron para tratar de encontrar a los organizadores de las protestas convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic que lograron colapsar el aeropuerto de Barcelona durante horas.