El Tribunal Constitucional cuenta con instrumentos suficientes frente a las recusaciones que sin lugar a dudas adjuntarán PP y Vox a sus recursos contra la ley de amnistía una vez esta sea publicada en el BOE. Fuentes del tribunal de garantías aseguran a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica que se cuenta con una «política de defensa frente a las recusaciones» suficiente para evitar que otros magistrados, especialmente los del sector progresista, deban abandonar el debate una vez se ha conocido la abstención del que fuera ministro de Justicia Juan Carlos Campo, quien ha aprovechado el primer recurso de un particular contra la futura ley para apartarse de este asunto.
Las razones de Campo son consecuencia de su participación directa en la redacción de los informes de los indultos a los condenados por el procés independentista en Cataluña que se concedieron cuando él formaba parte del Gobierno. En su dictamen, afirmaba directamente que la concesión de una amnistía a los implicados en el 1-O era «inconstitucional». Se trataba entonces de contraponer dicha posibilidad a la concesión de la medida de gracia que llevó a la excarcelación de los presos.
Las fuentes consultadas por este diario rechazan que se pueda dar una situación de ‘contaminación’ parecida respecto de ningún otro magistrado, por lo que en principio no se esperan más abstenciones o que puedan prosperar las recusaciones que a buen seguro presentarán los partidos de la oposición contra el presidente del Tribunal, Cándido Conde-Pumpido -que fue fiscal general durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero- y la catedrática de Derecho Constitucional y exasesora en Moncloa Laura Díez.
De prosperar dichas recusaciones quedaría muy reducida la actual mayoría progresista en el órgano, ya que la salida del presidente y de la catedrática dejaría un Pleno de un total de ocho magistrados. Se contaría con ‘quorum’ suficiente, pero la composición sería de cuatro magistrados de sensibilidad progresista, más cercana a los intereses del Gobierno, frente al mismo número de los pertenecientes al sector conservador.
Legitimidad de origen
La «defensa» jurídica frente a recusaciones se circunscribe esencialmente a los autos de diciembre de 2021 que sirvieron para rechazar las recusaciones presentadas por los líderes independentistas catalanes contra los magistrados del sector conservador Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. El argumento utilizado para dar portazo al total de 33 peticiones presentadas contra ambos se basaron en la legitimidad de origen de los miembros del órgano, que son elegidos por los tres poderes del Estado.
En dicho auto se vetó expresamente que puedan apreciarse dudas de imparcialidad «por la exteriorización jurisdiccional de un criterio jurídico al resolver un proceso o al discrepar de lo resuelto a través de la formulación de un voto particular», y también que se pueda justificar cualquier petición en el mismo sentido en base a las manifestaciones vertidas por los magistrados «en publicaciones académicas o en artículos de opinión» antes de haber adquirido tal condición.
La idea se resumía en lo siguiente: tanto el Tribunal Constitucional como los órganos jurisdiccionales que imparten justicia en nuestro país «deben ser integrados por jueces que no tengan la mente vacía sobre los asuntos jurídicos sometidos a su consideración».
Pluralidad
Estos mismos argumentos, insisten las fuentes consultadas, podrán ser aplicados en el caso de que se pida apartar del debate sobre la amnistía a magistrados que no han participado directamente en ningún asunto relacionado con la amnistía o pronunciado formalmente sobre esta cuestión. Ya entonces el tribunal, que en dicho momento integraba una mayoría de magitrados de sensibilidad conservadora, puso en valor la «pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del órgano colegiado, expresión de la idea de pluralismo político».
En el caso de Campo, el exministro se ha adelantado a cualquier recusación en relación con un primer recurso por la amnistía que había sido presentado por un particular, con el objetivo de salvaguardar la «imparcialidad». Antes de que la ley se apruebe y lleguen al tribunal los recursos de inconstitucionalidad de la oposición, el Tribunal debe resolver sobre un segundo recurso de amparo de otro ciudadano que plantea recusaciones contra Campo, Díez y Conde-Pumpido, según ha avanzado ‘El Español’. Campo también se abstendrá preventivamente de este asunto, y sobre los otros dos recusados el tribunal de garantías resolverá antes de abordarlo.
Sobre el presidente pesa la circunstancia de que, siendo aún simple magistrado de una de la Salas, se abstuvo de todos los asuntos vinculados al ‘procés’ después de que los líderes independentistas le recusaran. Estimó entonces que no era «neutral» ni «imparcial» por una conferencia que impartió en 2017, en la que mostró su preocupación por los hechos de Cataluña.
Concretamente, se refirió a ellos como «pretensión de subvertir el Estado social y democrático de Derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera de la democracia». Las fuentes consultadas no creen, sin embargo, que este precedente arrastre al actual presidente a una causa de abstención respecto de la amnistía, por tratarse de asuntos que, aunque vinculados, no tienen nada que ver desde el punto de vista jurídico.