Dos sentencias del Tribunal Constitucional dejaron claro, por un lado, que corresponde al Gobierno o al Congreso la calificación de urgencia para la tramitación de una iniciativa legislativa, y, por otro, que a estos efectos es irrelevante que se trate de un proyecto o de una proposición de ley. En el caso de la ley de amnistía se trata de una proposición, porque el texto lo ha presentado un grupo parlamentario, el socialista, no por el Ejecutivo.
