Los cuatro magistrados del sector conservador del Constitucional han elaborado un duro voto particular contra la sentencia que avaló el impuesto a las grandes fortunas. El texto reprocha a la mayoría progresista del tribunal que atacara con su fallo la autonomía financiera de las comunidades autónomas, al rechazar el recurso impulsado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra dicho impuesto. El sector conservador del órgano de garantías critica la sentencia dictada calificándola de “larga cambiada”, al atribuir al Ejecutivo de la Comunidad madrileña un supuesto intento de limitar las competencias del Estado en materia de tributos.