Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lo avanzó hace semanas y lo volvió a repetir este lunes: la región se plantea contratar a médicos extracomunitarios más allá de las especialidades de Pediatría y Medicina de Familia, las que se consideran deficitarias. Esta semana, la consejera se ha reunido con sociedades de médicos iberoamericanos –de Venezuela, Argentina, Ecuador, Colombia y Cuba, para concretar esta cuestión. Desde la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP) detallan que el procedimiento que se ha de seguir para efectuar esas nuevas contrataciones entrará en vigor en diciembre y que han pedido a la consejera que medie con el Ministerio de Sanidad para agilizar los expedientes retrasados por la homologación de títulos.
Una vez aprobada la ley ómnibus que permite la contratación de médicos extracomunitarios para incorporarse a la sanidad pública madrileña, la Comunidad tiene ahora que publicar el procedimiento que se ha de seguir para efectuar esas nuevas contrataciones. Sanidad está ultimando la redacción de la orden o resolución que lo detalle y a partir de ahí, solo cabe esperar a ver cuántos médicos no residentes en Europa y con el título homologado quieren incorporarse a trabajar en el sistema público de la región.
Tres años
En septiembre, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba que se permitirá su contratación -en las especialidades de Medicina de Familia y Pediatría- en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) por un plazo de tres años. El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica el 6 de ese mismo mes la orden de la Consejería de Sanidad con detalles de la medida anunciada por Ayuso.
Podrán prestar sus servicios en los centros madrileños del Sermas los médicos extracomunitarios que cuenten con la titulación de licenciado o grado en Medicina
Podrán prestar sus servicios en los centros madrileños del Sermas los médicos extracomunitarios que cuenten con la titulación de licenciado o grado en Medicina, y con el correspondiente título en la especialidad requerida, expedida u homologada en España. Esta medida se aplicaría en las especialidades declaradas como deficitarias: Medicina Familiar y Comunitaria y Pediatría. Y se eximirá del requisito de nacionalidad durante ese periodo de tres años, según informaba el gobierno regional.
Medida insuficiente
Desde asociaciones de facultativos como AMEVESP consideraban la medida como «positiva, pero insuficiente por varios motivos», advertía entonces a El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, el doctor Giovanni Provenza, presidente de la Asociación de Médicos Venezolanos en España (AMEVESP), aludiendo a que solo era para cubrir dos especialidades, cuando en España hay muchas más deficitarias, y por un plazo de tres años.
Los médicos han vuelto a sentarse esta misma semana con la Consejería. Uno de los ejes centrales de la reunión, explican los facultativos venezolanos, fue la contratación en el SERMAS de médicos extracomunitarios «con cualquier especialidad -reconocida y obtenida vía MIR-, cosa que hasta el año pasado se reservaba únicamente para aquellos especialistas que podían calificar para personal estatutario (es decir, comunitarios)».
El contrato, detallan, gozaría de las mismas condiciones y sueldo «que las de sus contrapartes comunitarias sin ningún tipo de distinción; la asignación, sin embargo, del sitio de trabajo es algo que queda todavía a disposición de la Consejería a ser revisado y valorado según credenciales y méritos«. En la reunión también se habló «de la iniciativa de captación de residentes para incentivar el mantenerse dentro de Madrid una vez terminada la residencia, pudiendo iniciar los meses previos que hiciera falta para dar disponibilidad a los extracomunitarios de tramitar los visados correspondientes».
Otras especialidades
La asociación que dirige el doctor Provenza recuerda que, tras la publicación de la ley Ómnibus, solo se había extendido esa contratación a las especialidades calificadas de deficitarias (Medicina de Familia y Pediatría). Ahora, tal y como ha anunciado la propia consejera esta misma semana, habrá traumatólogos, cardiólogos o especialistas extracomunitarios en la sanidad madrileña.
En su encuentro con la consejera Matute, los médicos extracomunitarios apuntaron lo que falla, como la «laboriosa y lenta transición desde un visado de estudios a un visado de trabajo para profesionales altamente cualificados (PAC)». En cuanto al reconocimiento de especialidad, recordando que se trata de una competencia que depende del Ministerio de Sanidad y, después, de las comunidades autónomas.
Los médicos asistentes al encuentro con la Consejería indican que «el debate de este tema revela también cierto desconocimiento de las consejerías (a nivel de comunidad autónoma) de las razones por las cuales tan pocos profesionales se presentan a las pruebas convocadas». Entre otras, citan el rechazo de expedientes por no cumplir con «el requerimiento temporal de la especialización o subespecialización en estándares españoles por ser posgrados de 3 años o 3 + 2 en el caso de subespecialidades«.
Expedientes pendientes
Por eso, desde AMEVESP se instó a la Consejería de Sanidad a abrir canales de comunicación y tender puentes con el Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas «tanto para la federación en colectivo como las sociedades de manera independiente, se deja un canal abierto con la directora general asistencial para la asignación de pasantías y rotaciones a los expedientes pendientes en la Comunidad de Madrid«.
Miles de sanitarios extranjeros están estancados en el trámite de homologación de su título de educación superior en España, un proceso «burocrático engorroso e ineficiente» que, en un plazo máximo de seis meses, debería otorgarles una credencial que les permita ejercer su carrera aquí, subrayan. Actualmente, más de 30.000 expedientes, «acumulan años sin ser procesados», según explicaba a este diario la pediatra Rami Ahmadi, tres años y medio esperando la homologación de su título tras estudiar en Estados Unidos.
En la última reunión con representantes del grupo ‘Manifestación por una Homologación Justa’, antes del cambio de carteras, el Ministerio de Universidades daba a conocer «cifras alarmantes» relacionadas con el proceso de homologación de títulos extranjeros. Hasta la fecha, se han acumulado 50.000 expedientes sin revisar y 30.000 expedientes «incompletos».
El ministerio, se quejan, no quiere decir al colectivo el número de funcionarios encargados de gestionar este proceso, pero admite que son «muchos menos» de los necesarios. En el 2022, eran solo 8 funcionarios. Con el objetivo de denunciar «las negligencias y retrasos escandalosos en el proceso de homologación de títulos», el grupo realizó manifestaciones en octubre y este mismo noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao y A Coruña.