Miles de personas discapacitadas reclaman al Gobierno andaluz una mejor financiación: “Estamos sufriendo recortes”
“Ha llegado el momento de que las personas con discapacidad reivindiquemos lo que tenemos dado por derecho. No estamos pidiendo nada que no tengamos reconocido por ley”. Así resume Nieves Márquez, presidenta de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) el sentir que ha movido a 2.000 representantes del movimiento asociativo de personas con discapacidad en Andalucía a concentrarse este martes en Sevilla para reclamar una financiación justa y un modelo de sostenibilidad. Los manifestantes reclaman una actualización automática de los recursos económicos de la Junta en función del IPC y unas garantías que permitan la sostenibilidad y la calidad de los servicios que prestan a los 570.000 andaluces con más del 33% de discapacidad —el 7% de la población― y sus familias. “No podemos depender cada año de la voluntad política de los gobernantes”, advierte Marta Castillo, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en Andalucía, que ha promovido la manifestación.
Implicación del Gobierno central
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la inversión de 33 millones de euros de fondos europeos para la construcción y reforma de centros residenciales y centros de día para personas con discapacidad, la convocatoria de ayudas para la promoción de la autonomía con discapacidad o un plan estructural para agilizar el proceso para su reconocimiento. Pero ha recalcado que la manifestación también iba dirigida contra el Gobierno central, “que con la prórroga de los Presupuestos le ha costado a los andaluces dependientes 200 millones de euros”. “Vamos a ver si el Gobierno tiene o no presupuesto, en qué condiciones y en qué partidas para los dependientes”, ha remachado. Desde CERMI Andalucía, su presidenta, Marta Castillo, explica que al Ejecutivo de Pedro Sánchez le reclaman un incremento en la financiación para la dependencia, que ya ha iniciado, para llegar al 50% fijado por la ley.
